No cabe duda de que la dictadura sanitaria de Corona está entretejida con el estrecho seguimiento y control de la humanidad. La implementación de esta estrategia queda patente en las leyes totalitarias que los gobiernos han aprobado desde el inicio de la “pandemia” -o que ya aprobaron- sin que el público en general se haya enterado.
Esto se debe a los representantes de los medios, en cuyo mundo el término “debida diligencia” parece ser completamente desconocido. Porque tales promulgaciones legales actualmente se ignoran por completo o solo se mencionan de pasada. Aunque estas leyes restringen cada vez más los derechos fundamentales, la privacidad y la libertad de las personas y los violan de manera flagrante.
España es un excelente ejemplo en este sentido. Bajo el disfraz de la alarma del virus, la coalición de gobierno socialista de izquierda bajo el primer ministro Pedro Sánchez está agitando una ley de mordaza y control tras otra. También cabe mencionar el Real Decreto 400/2021, de 8 de junio de 2021, que se publicó al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que es jurídicamente vinculante. Esto define las normas para la “geolocalización de dispositivos digitales”.
Esta directriz se publicó con el pretexto de «desarrollar las obligaciones tributarias formales para determinados servicios digitales y modificar las disposiciones generales para las medidas y procedimientos de administración y control tributario, así como para el desarrollo de reglas comunes para los procedimientos de aplicación tributaria».
Esta necesidad surgió del “proceso de digitalización de la economía”, que obligó a “realizar actividades de forma remota, incluso transfronteriza, con escasa o nula presencia física”.
También dice:
«La Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales aprueba un nuevo impuesto cuyo objeto es la prestación de determinados servicios digitales. En concreto, se trata de servicios digitales en los que hay participación de los usuarios, lo que contribuye al proceso de creación de valor de la empresa que ofrece los servicios, y a través de los cuales la empresa monetiza estas aportaciones de los usuarios ”.
Pero no se deje engañar. Porque aunque se habla de impuestos, al final solo se trata de una cosa: la geolocalización. Y, por lo tanto, sobre el supercontrol de cada individuo. Porque los usuarios de maravillas tecnológicas digitales como los teléfonos inteligentes ahora pueden ser rastreados en todas partes.
La población tiene que agradecer a unos abogados críticos que una información tan elemental llegue al público en España . Uno de ellos es el bilbaíno Aitor Guisasola, que se ha encargado de informar abierta y fundamentadamente sobre las artimañas del gobierno en su canal “Un abogado en contra de la demagogia”. Es útil que incluya los enlaces a los BOE para que todos puedan convencerse de la veracidad de sus declaraciones.
«Les diré lo que pasa en esta sociedad: Debido a estas leyes, la libertad personal y la privacidad se pierden cada vez más. La restricción de la individualidad se está impulsando aún más “.
El gobierno quiere crear personas que sigan y obedezcan las pautas. Se está construyendo un estado policial represivo en el que siempre se puede localizar y filmar al ciudadano. Ya hay cámaras en casi todas partes, pero los controles serán aún mayores en el futuro, dice Guisasola. Una ley de espionaje correspondiente, que permite al gobierno de cine y de escuchas telefónicas ciudadanos sin previa autorización judicial, se acaba de pasar a finales de mayo (nos informamos ).
“Nos estamos acercando a una sociedad que ya ha sido descrita en muchas distopías, en libros y películas. Distopías que nos parecían impensables en el pasado. Pero estamos en este camino “.
Debido a la BOE 400/2021, los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos se pueden rastrear en cualquier momento . «No conozco a nadie que no tenga un teléfono inteligente. Nos hicieron depender de él, lo necesitamos como comida y bebida. Al principio no lo notamos, pero no podemos prescindir de nuestros teléfonos inteligentes. Si alguno de ustedes no tiene uno, chapeau, porque ha escapado de la adicción que crearon “.
El teléfono celular permite un control increíble sobre la vida de las personas. Cualquiera que tenga un teléfono celular no puede escapar. Y esta vigilancia se ampliará a nivel nacional y mundial. China está haciendo el progreso más rápido, dice Guisasola.
España quiere y puede seguir el ritmo ahora. El artículo 1 del Real Decreto 400/2021 de 8 de junio de 2021 establece:
- Ubicación de los dispositivos del usuario. A los efectos del artículo 7 de la Ley 4/2020, de 15 de octubre, del impuesto sobre determinados servicios digitales, la ubicación del dispositivo viene determinada por toda la información de dirección que proporciona la tecnología de geolocalización utilizada, incluyendo, en su caso, latitud y coordenadas de longitud. La ubicación se determina mediante tecnologías de geolocalización que analizan la información del dispositivo, la red de conexión a Internet en la que se encuentra el dispositivo o una combinación de ambos.
- Según lo dispuesto en el artículo 7.4 de la citada ley, se presume que el dispositivo se encuentra en la ubicación determinada por la geolocalización en base a la dirección IP del dispositivo o del dispositivo a través del cual el dispositivo del usuario accede al servicio cuando se encuentra en una red determinada , a menos que se pueda determinar mediante el uso de otra evidencia que esa ubicación es diferente.
- Para tales fines, la geolocalización puede basarse en la identificación de la red (WiFi, Ethernet u otro), la geolocalización física por satélite (utilizando sistemas como GPS-Global Positioning System, GLONASS, Galileo o Beidou) o utilizando información obtenida de sistemas de comunicación inalámbrica terrestres ( como GSM-Global System for Mobile Communications- o LPWAN), o utilizado por balizas (WiFi o Bluetooth) o alguna otra combinación de tecnologías existentes o futuras.
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